Como parte de la iniciativa de la FAO Ciclo de debates sobre el derecho a la alimentación, el GCH participó en el seminario web “El derecho a la alimentación y los sistemas agroalimentarios locales”. En el debate se analizó cómo un enfoque basado en los derechos humanos puede servir de marco práctico de gobernanza para transformar los sistemas agroalimentarios locales. Se explicó cómo las experiencias de las ciudades y los territorios pueden traducir los compromisos internacionales en cambios significativos en la vida cotidiana de las personas.
Juan José Echanove (FAO) ofreció una visión general de las actividades de la organización dentro del sistema de las Naciones Unidas. Destacó que los gobiernos locales están a la vanguardia en la lucha contra las desigualdades en el acceso a los alimentos y a los medios de subsistencia. A través de las decisiones sobre los mercados, la contratación pública, la protección social, el uso del suelo y los servicios públicos, los gobiernos locales y regionales (GLR) configuran directamente los entornos alimentarios y las oportunidades de las personas. Subrayó que, por lo tanto, los esfuerzos globales para promover el derecho a la alimentación deben reconocer a los GLR como actores esenciales a la hora de traducir los compromisos internacionales en acciones concretas.
En su intervención sobre la transformación de los sistemas alimentarios, Andras Szorenyi (GCH) destacó que los gobiernos locales y regionales son actores clave a la hora de garantizar un acceso inclusivo, equitativo y sostenible a una alimentación adecuada. A través de sus responsabilidades en ámbitos como la alimentación, la salud, la educación, el agua y los servicios públicos, desempeñan un papel crucial en la aplicación de los derechos humanos a nivel local.
Asimismo, subrayó que, a pesar de su papel fundamental en la aplicación de los derechos humanos sobre el terreno, los gobiernos locales y regionales siguen sin recibir el reconocimiento suficiente en el marco del sistema internacional de derechos humanos. Abogó por una participación más sólida y sistemática de estos en los debates políticos mundiales y en los mecanismos de derechos humanos de la ONU, incluidos el Consejo de Derechos Humanos, el Examen Periódico Universal (EPU) y los órganos creados en virtud de tratados de la ONU. El GCH reafirmó su compromiso de impulsar esta agenda en colaboración con los Estados miembros, las organizaciones internacionales y los gobiernos locales.
Pasando de los principios a la práctica, Juliana Tangari compartió ejemplos de cómo el derecho a la alimentación puede traducirse en políticas, instituciones y servicios locales concretos. Desde comedores comunitarios hasta vales sociales, los gobiernos regionales y locales y las organizaciones comunitarias locales disponen de una amplia gama de herramientas para reforzar la seguridad alimentaria. Hizo referencia a la declaración del G20, que reconoce la importancia de “potenciar el papel esencial de los agricultores familiares, los pequeños agricultores, los pueblos indígenas y las comunidades locales en unos sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles, resilientes e inclusivos”.
Roberta Sonnino destacó además cómo la gobernanza alimentaria basada en los derechos refuerza la participación comunitaria, aborda las desigualdades y consolida la rendición de cuentas pública. Iniciativas como los consejos locales de política alimentaria, la contratación pública sostenible de alimentos y el apoyo a los productores locales de alimentos ponen de manifiesto cómo este enfoque puede aportar beneficios tangibles a las comunidades.
Gracias a la FAO por incluir al GCH en este valioso debate.
